Con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública el 26 de junio de 2025 y su Reglamento de aplicación con fecha 23 de julio de 2025, se establecieron cambios importantes en varias normas del ordenamiento jurídico nacional; en el ámbito de la contratación pública las más relevantes se detallan a continuación:
- Certificación obligatoria para operadores públicos
Todos los servidores públicos que participen en cualquier fase del proceso de contratación deberán contar con una certificación oficial emitida por el SERCOP. Esta certificación será obligatoria incluso para quienes aspiren a ingresar al sector público, tendrá una vigencia de dos años y su renovación dependerá de la aprobación de un nuevo examen; sin embargo, la infraestructura técnica para este cometido estará disponible a partir del 15 de enero de 2026.
- Nuevo enfoque: “Valor por dinero”
Para la determinación del tipo de procedimiento de contratación, las entidades contratantes deben incorporar en sus estudios previos el principio de “mejor valor por dinero”, el cual corresponde a un análisis pormenorizado de la calidad, sostenibilidad, eficiencia, innovación y el costo total del ciclo de vida del bien o servicio contratado, si del resultado de este análisis se concluye que el precio constituye el factor más importante, se deberá optar por la subasta inversa electrónica; y, si al contrario otros factores como los detallados resultan más relevantes para la entidad, se decidirá por un procedimiento de licitación.
- Cálculo proporcional de multas
Las multas por incumplimientos contractuales se calcularán exclusivamente sobre el valor de la obligación no ejecutada. No incluirán impuestos ni valores reajustados.
Además, las entidades podrán establecer en los pliegos otras conductas sancionables, con montos definidos ya sea como porcentaje del incumplimiento o como valores fijos, se hace especial hincapié en el principio constitucional de “debido proceso” para la imposición de este tipo de sanción.
- Supervisión con Inteligencia Artificial
El SERCOP podrá aplicar inteligencia artificial, minería de datos y análisis predictivo para detectar sobreprecios, conclusión o irregularidades. Se crea una Unidad Antilavado y Anticorrupción con capacidad investigativa, que reportará hallazgos a las autoridades competentes.
- Plazos estrictos para pagos
Los pagos contractuales deberán efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde que se cumplan los requisitos establecidos. Si el pago no se realiza, se presumirá una retención indebida y el contratista podrá reclamar intereses legales y daños. No se permitirá exigir avances si existe mora injustificada.
- Se incorpora nuevas cláusulas a los contratos administrativos:
En lo relativo a la integridad del Contratista, plazo para pagos, cláusula que especifique las causales y metodología para la imposición de multas.
- Sistema de protección al denunciante
El Reglamento a la LOSNCP incluye garantías para quienes denuncien actos de corrupción en la contratación pública. Las denuncias deberán ser fundadas y no anónimas. Se protegerá la confidencialidad del denunciante y se prohíben expresamente las represalias.
- Disposiciones transitorias relevantes
Establecidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, su reglamento de aplicación y en las Resoluciones SERCOP Nros. 152 y 153.
En SEIKLA monitoreamos estas reformas para apoyar a los proveedores en la correcta aplicación del nuevo marco normativo.
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